Por enésima ocasión se acusa a elementos castrenses de participar en hechos delictivos, ya hemos escuchado voces de levantones, de cuidarle la espalda a sicarios, incluso de llegar a la escena del crimen y robarle sus pertenencias a las personas que se encontraban aterrorizadas, ustedes lo habrán de recordar, eso se dijo luego de una masacre ocurrida en un antro de la zona del Pronaf, ahora se señala que fueron soldados quienes irrumpieron en el hogar del estudiante de Derecho para posteriormente privarlo de su libertad con las consecuencias que ya todos conocemos.
Evidentemente que no tenemos elementos contundentes para acusar directamente a los elementos del ejercito, solo nos estamos basando en denuncias de familiares, de víctimas y por archivos periodísticos, sin embargo, mucha culpa ha tenido no solo la Guarnición de la Plaza, si no también la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues los elementos que participan en el Operativo Conjunto Juárez, jamás se han identificado ante la población al momento de desarrollar un operativo especial en determinado domicilio, solo se sabe en muchos de los casos que sí eran efectivos oficiales cuando se encuentra a las personas detenidas en las instalaciones militares o en la PGR, pero, ¿en muchos otros casos?
Si se identificasen cada que hacen un operativo, si hubiese certeza cada que hacen una detención de que son elementos del ejército, si no cometieran abusos ni violaciones a los derechos humanos de la comunidad, creo que tendrían la confianza de todo el Pueblo de Juárez, mientras tanto, las acusaciones de la familia de Jaime Alejandro Irigoyen Flores deberán ser tomadas en consideración y las autoridades necesariamente tienen que hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
Nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero estudiante de Derecho, ojalá se encuentre pronto a los responsables y se les castigue conforme a las leyes, solicitamos también que las autoridades civiles y militares realicen las indagatorias correspondientes no solo en este, si no en todos los casos de este y otro tipo, el derecho humano a la seguridad pública que tenemos lo ciudadanos es una obligación que ellos nos deben proporcionar sin pretexto alguno.
Atentamente,
Lic. Jorge Alberto Gaytán
Especialista en Derechos Humanos,
Ex alumno de Derecho y ex Consejero Universitario de la UACJ.