Opinión de Rosario Ibarra

Rosario Ibarra y la pena de muerte en Texas

México, D. F. a 1 de agosto de 2008.

Es muy probable que el próximo martes 5 de agosto las autoridades de Texas, Estados Unidos, ejecuten al mexicano José Ernesto Medellín. Al hacerlo, ese país estaría desacatando dos fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El primero en el sentido de revisar los procesos de 54 mexicanos condenados a muerte a los que se violaron sus derechos consulares, establecidos en la Convención de Viena, y que les hubieran brindado la oportunidad de una defensa digna. El segundo, en el que la CIJ ordenó medidas cautelares a favor de cinco de esos mexicanos, las que implicaban suspender sus ejecuciones. Más allá de la barbarie que representa el asesinato consagrado por ley, una verdad reconocida por la mayoría de las naciones, la negativa estadunidense tiene implicaciones graves para el delicado balance de las obligaciones mutuas en el plano internacional. Estados Unidos invoca el derecho internacional, y blande las nociones de “derechos humanos”, “democracia” o “imperio de la ley” para invadir países sin pudor en busca de asegurar recursos y emplazamientos estratégicos, pero no está dispuesto a un mínimo de compromiso ante las instancias creadas para proteger los derechos humanos y las garantías de debido proceso a los acusados de algún delito. En el imaginario político estadunidense, la noción de seguridad ha remplazado a la de justicia, y se ha convertido en la doctrina de la impunidad, dentro y fuera de sus fronteras. Su gobierno ha decidido crear leyes de inmunidad que consagran aberraciones como la tortura o la violación a la intimidad de sus propios ciudadanos. Al mismo tiempo se separa de los compromisos internacionales e ignora sus resoluciones. Cabe decir, contra el prejuicio extendido entre funcionarios del gobierno estadunidense, que no se trata de defender a culpables de violación o asesinato, sino de pugnar por la vigencia plena del derecho internacional en derechos humanos y reivindicar el derecho a la vida y contra la pena de muerte como última frontera contra el mecanismo de la venganza institucionalizada, que tiene efectos perniciosos en el ánimo de la sociedad entera, y es caldo de cultivo para más violencia.

Rosario Ibarra Senadora de la República